Tarifas de agua y subsidios

Acueducto Rural RegionalVulnerabilidades institucionales de los acueductos rurales

Los acueductos de Colombia calculan sus tarifas bajo los lineamientos que da la CRA – Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento. El sistema tarifario propuesto por la CRA busca que los acueductos cobren a los usuarios del servicio unas tarifas acordes con su capacidad de pago (estrato socioeconómico) pero que también reflejen los costos por prestar el servicio y mantener una infraestructura adecuada. La diferenciación de las tarifas de acuerdo con el estrato socioeconómico busca la equidad a partir del mecanismo de redistribución, que en teoría busca que los miembros de la sociedad con mayor capacidad de pago (estratos 5 y 6, industriales y comerciales) contribuyan a subsidiar el servicio de los miembros más pobres (estratos 1, 2 y 3). Los usuarios que contribuyen al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) están concentrados en zonas urbanas y todos los acueductos que prestan el servicio en zonas rurales y peri-urbanas, que se estima son entre 12,000 y 25,000, tienen una gran concentración de usuarios en los estratos bajos. Ni siquiera las empresas prestadoras del servicio en las grandes ciudades logran un balance entre subsidios y contribuciones.

Por este desbalance, el estado es el mayor contribuyente al FSRI al que los acueductos aplican anualmente para poder cubrir sus operaciones y mantener la infraestructura. A pesar de que el objetivo del FSRI es la equidad en el acceso al agua, el acceso al fondo no es equitativo. Una proporción mínima de los acueductos rurales y peri-urbanos acceden a estos recursos. Por un lado los requisitos para acceder al fondo son iguales para todos los acueductos e incluyen la estratificación socioeconómica, que es responsabilidad de los municipios pero que muchos aún no tienen. Y por otro lado la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias rurales y peri-urbanas es muy variable y pocas pueden cumplir con las exigencias del FSRI.

La falta de acceso de las organizaciones comunitarias rurales y peri-urbanas a los subsidios a los que tienen derecho por prestar un servicio público a estratos mayoritariamente bajos, significa que estas organizaciones mantienen las tarifas subsidiadas pero no reciben los recursos para cubrir estos subsidios. Como resultado estas organizaciones dependen del trabajo voluntario de miembros de la comunidad y no pueden costear el mantenimiento y reposición de infraestructura, manteniendo una alta vulnerabilidad técnica y financiera. El acceso equitativo al FSRI por parte de todas las organizaciones que prestan los servicios de agua es necesario para avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua, para hacer sostenibles los sistemas comunitarios de servicios de agua y saneamiento y para reducir la enorme brecha entre zonas urbanas y rurales.