Colombia y el cambio climático

El Tiempo, Septiembre 2010

Colombia emite aproximadamente el 0,37% de los gases de efecto invernadero (GEI) en todo el planeta; pero es el país de América Latina con el mayor número de desastres cada año (sin contar terremotos ni explosiones volcánicas). Los fenómenos de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son cada vez más frecuentes e intensos como lo han demostrado el profesor Germán Poveda y su equipo de la Universidad Nacional de Medellín y cómo lo tienen que comprobar miles de personas que cada año lo pierden todo con las inundaciones, los incendios y  las sequías.

Colombia es claramente víctima de los efectos del calentamiento global. Pero las acciones que toma el país están claramente sesgadas hacia la mitigación (reducción de gases) y no hacia la adaptación (reducir la vulnerabilidad de grupos humanos y ecosistemas a desastres ocasionados por los cambios en el clima). Colombia debería estar construyendo, con otros países en desarrollo, una estrategia agresiva para poner a salvo a la población vulnerable. Debería estar generando sinergia con los otros países victimas del calentamiento global, para exigir compromisos serios de los países desarrollados en las metas de reducción de gases.

¿Pero qué se ha hecho? Se creó en el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial un grupo dedicado al tema de la mitigación denominado Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático. Esta oficina tenía como meta promocionar la participación del país en el mercado internacional de emisiones generado por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL); incluso, el Conpes emitió en el 2003 una resolución relacionada con la promoción del MDL como una fuente de recursos para invertir en tecnologías limpias y contribuir a la reducción global de gases de efecto invernadero.

Es posible que en un principio los países en desarrollo, como Colombia, hayan creído que este mecanismo contribuiría a generar energías limpias. Pero basta con mirar la manera como opera el mecanismo y los resultados que ha producido hasta el momento para darse cuenta de que se trata de una gran mentira que no reduce las emisiones y que ha generado incentivos perversos para emitir aún más. La base científica del cambio climático es que para evitar sobrepasar un incremento de 2ºC en la temperatura del planeta, es necesario reducir la concentración de GEI de 387 partes por millón (ppm) en el presente, a 350 ppm en el año 2050.

Para esto los países industrializados (los que aparecen en el Anexo 1 del Protocolo de Kioto) deben modificar sus sistemas productivos para reducir sus emisiones entre un 25% y un 40% para el año 2020, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Debido a que el Protocolo de Kioto no logró acuerdos de obligatorio cumplimento, las reducciones de GEI han sido voluntarias y ayudadas por los tres mecanismos flexibles definidos en el mismo protocolo dentro de los cuales se encuentra el MDL. El objetivo del MDL es contribuir a la reducción de los costos de cumplir las metas de reducción de emisiones de los países del Anexo I (mandato 1) ayudando a los países que no están en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible (mandato 2).

Bajo este mecanismo se generan certificados de reducción de emisiones (CREs) donde cada unidad corresponde a la reducción de 1 tonelada de CO2 o su equivalente, que una industria en un país en desarrollo obtiene  y que puede vender en el mercado internacional a industrias de países desarrollados que requieren permisos porque no están cumpliendo con sus metas de reducciones. El MDL tiene enormes problemas conceptuales y operacionales.

Empecemos por los conceptuales. En primer lugar, el MDL es un mecanismo financiero para generar CREs en los países donde es más barato y venderlos a los contaminadores en un mercado abierto; esto elimina de entrada los proyectos que promueven energías renovables ya que son más costosas; los criterios para el cumplimiento del mandato 2 son definidos por cada país en desarrollo que en su afán por vender CREs y generar divisas tienen un incentivo para imponer bajos estándares de cumplimiento del mandato 2. Los CREs operan bajo el modelo de “commodity” en el que los CREs se pagan a medida que reducen las emisiones, es decir en un período largo de tiempo (de 10 a 21 años), lo cual no permite financiar los proyectos de energías renovables que requieren inversiones costosas al principio.

En segundo lugar, las reducciones de emisiones se contabilizan no por una reducción de emisiones en la fuente, sino por un aumento en los depósitos o sumideros de carbono, ocasionando una expansión de los ciclos de GEI (vía más fuentes justificadas por más sumideros), lo cual aumenta el riesgo de agravar el efecto invernadero. Además, la contabilización física de las equivalencias de carbono entre fuentes y sumideros es una comparación entre naranjas y manzanas. Por ejemplo, la cantidad de carbono capturado en árboles y suelos es altamente dependiente de las condiciones locales, prácticas de manejo y el cumplimiento de regulaciones forestales. Una tonelada de carbono “capturado” en un bosque no va a ser tan estable en el largo plazo como una tonelada de carbón en un depósito no explotado. Los bosques cíclicamente se convierten en fuentes de emisiones por intervenciones humanas, enfermedades, incendios, cambio climático y, en consecuencia, tienen un ciclo de rotación en el cual el carbono en algún momento es emitido a la atmósfera.

Es por esta razón y otras de tipo social y ambiental relacionadas con desplazamiento de personas, resistencia, privatización de áreas comunes, uso excesivo de agua, o plantaciones inapropiadas, que la Unión Europea ha excluido los CREs generados por uso del suelo y plantaciones forestales de sus esquemas de comercio de emisiones. Desde el punto de vista operacional, es extremadamente difícil probar que los sumideros que ofrecen los países en desarrollo para capturar carbono, son adicionales a los que se generarían de cualquier manera en el país (por actividades forestales de conservación o proyectos de explotación forestal comercial), ya que las líneas-base sobre las cuales se calculan proyectos de control de emisiones son contenciosas.

En consecuencia, se vuelve necesario establecer mecanismos de monitoreo, verificación y control, pues los incentivos para abusar el sistema son muy grandes. En respuesta a los problemas del MDL, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) creó el “Gold Standard” para evaluar la adicionalidad y las complicaciones ambientales y sociales de los proyectos presentados, pero son tan pocos los proyectos que han sido certificados por el “Gold Standard” y su implementación tan costosa, que se ha preferido ignorar esta certificación adicional y aceptar la certificación simple del Protocolo de Kioto.

Múltiples análisis que se han hecho de los proyectos MDL en relación con el mandato 2 (ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible) indican que este no se ha logrado. Lograr un desarrollo sostenible en los países en desarrollo puede traducirse en la implementación de energías renovables para ayudar a estos países a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) ha demostrado la tendencia de los proyectos  de estar simplemente desplazando las emisiones de los países desarrollados a los países en desarrollo a través de los CREs, sin catalizar cambios fundamentales en la producción y el uso de energía.

Los problemas conceptuales y operaciones del MDL y de los otros mecanismos de “offsets” del Protocolo de Kioto ponen de manifiesto la capacidad humana de autoengañarse; de creer que es posible controlar las emisiones haciendo uso de complicadas herramientas financieras, parecidas a las que condujeron a la crisis hipotecaria de Estados Unidos.

No es posible reducir las emisiones sin cambiar los estilos de vida de los países desarrollados. Y existe una deuda ambiental histórica con los países en desarrollo que están sufriendo las consecuencias de 200 años de acumulación de GEI generados por los países ricos. No contribuyamos a seguir con la cabeza enterrada en la arena. Lo que está en juego es demasiado. Un incremento de más de 2ºC (lo cual parece es lo más probable después del gran fracaso de las conversaciones en Copenhague) significa que el nivel del mar aumentará en un metro a finales del presente siglo ocasionando alrededor de 89 millones de desplazados; la acidificación de los océanos es una gran amenaza y no se sabe a ciencia cierta las consecuencias que producirá; los riesgos de alterar elementos críticos de los ciclos climáticos globales como la circulación termohalina del Atlántico que transporta el calor de las zonas tropicales a las zonas polares, el Amazonas y ‘El Niño’ son significativamente mayores.

Los países tropicales son los que más drásticamente van a perder climas para cultivar alimentos y sus frágiles ecosistemas y biodiversidad. Prioritariamente, el país debe comprometerse con el tema de la adaptación al cambio climático (cuyas principales víctimas son las comunidades pobres ubicadas en zonas costeras o en las laderas que circundan las grandes ciudades) en lugar de preocuparse por ayudar a la industria de los países desarrollados a mantener su fiesta consumista que nos pone a todos en riesgo.

Los países desarrollados tienen la responsabilidad de bajar sus emisiones y de financiar el desarrollo sostenible de los países pobres. El planeta simplemente no puede darse el lujo de consumir el carbono y nosotros, como país vulnerable, tenemos la responsabilidad de exigir compromisos serios en lugar de aceptar humildemente el papel que los países desarrollados quieren que juguemos en su total negación y evasión de responsabilidades.

* Investigadora posdoctoral en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver (Canadá) e investigadora asociada de la Fundación Evaristo García y de CINARA en Cali.
María Cecilia Roa*